dimarts, 17 de desembre de 2013


Algunas de las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas en la gestión de RTVV, denunciadas por CGT ante el Tribunal de Cuentas:

Ø  Las contrataciones de personal efectuadas por el Grupo RTVV en los años 2006 al 2011 superaron sistemáticamente las dotaciones previstas para gastos de personal en sus presupuestos.

Ø  RTVV no obtuvo de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, como era preceptivo, autorización de la masa salarial para el ejercicio 2011, 2010, ni para el 2009, habiendo autorizado la Dirección General de Presupuestos, para los años 2006, 2007 y 2008 una masa salarial ampliamente desbordada por los gastos salariales reales.

Ø  La Sindicatura de Cuentas afirma que las contrataciones temporales no responden a necesidades estructurales, por tanto, una buena gestión de personal debería evitar que dichos contratos se conviertan en indefinidos, dada la situación financiera y el desequilibrio patrimonial existente. Además, el carácter indefinido del contrato no debería suponer que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla.

Pese a esa ausencia de necesidades estructurales y de procedimientos de selección, en 2010 se han formalizado 286 contratos indefinidos, y a lo largo del ejercicio 2011 se continuó con este proceso hasta completar a todo el personal que cumplía dicha condición.

Ø  Se reitera por la Sindicatura de Cuentas lo dicho en varios ejercicios sobre la no utilización de las bolsas de trabajo para la mayoría de las contrataciones realizadas, así como la falta de motivación suficiente de las propuestas de contratación. Asimismo, se realizaron contrataciones laborales temporales de personal que no contaban con la debida autorización de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.

Ø  Del análisis de los contratos de relevo realizados en el ejercicio 2009 y el 2010, se ha observado que en ninguno de ellos queda constancia de que se haya llevado a cabo un procedimiento selectivo previo. En 2011 igualmente respecto de dos contratos analizados.

Ø  En 2011, el informe de la Sindicatura dice que la normativa interna permite un incremento de hasta el 3% de las plazas de plantilla para utilizar, mediante contratación laboral, puestos de trabajo de apoyo o asesoramiento a los directivos del Grupo, los denominados “extraplantilla”. Con las altas producidas en el ejercicio en este colectivo el número de trabajadores que lo integraban, a 31 de diciembre de 2011, era de 36, cifra que excede el porcentaje máximo que puede alcanzar. Además, el 66,7% del personal que lo compone no es personal que ocupe puestos de trabajo de apoyo o asesoramiento a directivos sino que realiza funciones de carácter estructural, tales como guionistas, documentalistas, operador de equipos y telefonista-recepcionista entre otros.

Por otro lado, no consta que las contrataciones realizadas en el ejercicio hayan sido comunicadas a la bolsa de trabajo, tal y como requiere el artículo 23.10 del Convenio Colectivo.

Finalmente, cabe señalar que la existencia del personal calificado como “extraplantilla” supone un incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 18.2 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, pues según el mismo los entes que conforman el sector público empresarial de la Generalitat no pueden tener a su servicio personal que sólo realice funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.

Ø  Aunque el vínculo contractual del personal directivo es de alta dirección, en muchos de los contratos seleccionados no se da el ejercicio de poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa que esta modalidad contractual requiere.

Ø  En cuanto a los conceptos retributivos “Pactos de rodaje” y “Pactos adicionales” que no están recogidos en el convenio colectivo no han sido adecuadamente motivados en los expedientes, y no se obtuvo la autorización por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, como exigían las leyes de presupuestos de la Generalitat.

Ø  En cuanto a determinados contratos de patrocinio publicitario con entidades públicas y privadas, la Sindicatura de Cuentas afirma que “del análisis de estos contratos se desprende el incumplimiento sistemático y reiterado de las más elementales reglas de derecho administrativo, particularmente de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”.

Ø  En cuanto a la contratación de programas se afirma que entre los objetivos de las instrucciones sobre contratación administrativa figuran la inclusión de importantes cláusulas a incorporar en los contratos suscritos con productoras y la comprobación efectiva del gasto realizado con el presupuesto aprobado. No obstante, los mencionados aspectos no se han tenido en cuenta en alguna de las producciones analizadas. Por el contrario, se han suprimido cláusulas contractuales restrictivas para las productoras y favorables para TVV.

Ø  Los contratos de los programas, que integran la muestra objeto de revisión, contemplan la posibilidad de que TVV, con anterioridad a la fecha de finalización prevista, rescinda los mismos en el caso de que no se alcance una audiencia determinada. Pese a que ninguno de los programas ha conseguido esos niveles de audiencia, TVV no ha ejercido esa facultad, sin que, en el expediente, se justifiquen las causas por las que se continúa con la emisión de producciones que no logran los objetivos de audiencia previstos.

Ø  Los expedientes carecen de la documentación justificativa suficiente que permita comprobar el cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de las productoras.

Ø  La productora del programa “8P” ha recibido de la empresa de la Generalitat, Ciudad de la Luz, 140.000 euros por el patrocinio del largometraje, sin que se, se contemple contractualmente un descuento en el precio a satisfacer por TVV por igual cuantía a la de la subvención concedida por la empresa de la Generalitat.

Ø  En la fiscalización del ejercicio 2011 se detectan las siguientes irregularidades en la adquisición de programas:
Ø  En los programas “1P”, “2P”, “4P”, “5P” y “6P” el gasto ejecutado en el capítulo de gastos de personal supera a la consignación presupuestaria, lo que representa un incumplimiento del artículo 10.2 de la instrucción 3/2011, que establece que la partida de personal presupuestada por la productora externa tendrá un carácter limitativo en sí misma.
Ø  Entre los justificantes de ejecución del gasto aportados por las productoras se han evidenciado las siguientes deficiencias:
Ø  Programa “1P”. La mayoría de las facturas se han emitido por una empresa con una razón social diferente a la adjudicataria del contrato.
Ø  Programa “2P”. De acuerdo con el informe presentado por el propio productor delegado, determinadas facturas, cuya cuantía asciende a 13.014 euros, no se corresponden con el período que abarca el contrato.
Ø  Programa “4P” y “6P”. Existen facturas tanto anteriores como posteriores a la fecha de realización de la producción, por un importe de 1.219 euros y 10.000 euros, respectivamente.
Ø  Se ha autorizado el gasto de los programas “1P” y “2P” sin que exista suficiente consignación presupuestaria. En las solicitudes de gasto, si bien se reconoce dicha circunstancia, se informa favorablemente sobre su ejecución, hecho que contraviene lo dispuesto a tal efecto en la Instrucción 3/2011.
Ø  En un intervalo de dos días se han suscrito dos contratos para la adquisición de los derechos de emisión de dos temporadas del programa “3P”, compuesta cada una de ellas por trece capítulos.
El precio de cada capítulo de la segunda temporada supera en 6.346 euros más IVA a los de primera, circunstancia que difiere sobre el resto de adquisiciones de estas características, que contemplan una disminución de los precios a satisfacer a partir de la primera temporada como consecuencia de la amortización de elementos ya utilizados. Los contratos no incluyen, tampoco, cláusulas habituales en cualquier contrato de compra de programas de TVV, como son la facultad de resolver el contrato si no se consigue una determinada audiencia o si se incumplen los plazos previstos de entrega, con la consiguiente penalización, en este último caso.
Asimismo, la solicitud del gasto se ha realizado una vez han transcurrido ocho meses desde la suscripción de los contratos.
Por último, la productora ha presentado las facturas en marzo de 2012. No obstante, las mismas se han incluido en el mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las comunidades autónomas, lo que contraviene lo dispuesto en las instrucciones que regulan dicho mecanismo.
Ø  Además de los programas revisados, se ha efectuado el seguimiento del acuerdo fiscalizado en el Informe del ejercicio 2010 en virtud del cual se compensó la justificación indebida de gastos de un programa, por un importe de 1.785.295 euros, con la entrega de un programa valorado en dicha cuantía.
Los 40 capítulos de que consta el nuevo programa recibido se han emitido en 2011 y 2012 en horario de madrugada, hecho que cuestiona el valor asignado a la producción en el intercambio.

Ø  En la fiscalización de ejercicios anteriores a 2011, entre los justificantes de ejecución del gasto aportados por las productoras se han puesto de manifiesto las siguientes deficiencias:

Ø  Programa “1P”. Figura una factura en concepto de trabajos de sonorización realizados por la propia empresa productora, por importe de 12.000 euros, en la que no se especifica el número de unidades ni el precio unitario aplicado a cada una de ellas.
Ø  Consta, por otra parte en el expediente, un certificado de la productora de que se han aplicado precios de mercado. Este justificante, al ser emitido por la productora, carece de la independencia adecuada.
Ø  Programa “8P”. Existen justificantes de alquileres de apartamentos, por importe de 2.000 euros, inadecuadamente cumplimentados, ya que faltan, entre otros requisitos legales, el NIF del perceptor, la base imponible y el I.V.A. aplicado.
Ø  Se ha autorizado el gasto de los programas “1P” y “6P” sin que exista suficiente consignación presupuestaria. Por otra parte, la autorización del gasto del programa “4P” se ha efectuado con posterioridad a la formalización del contrato.


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