dimarts, 22 d’octubre de 2013


El letrado con la minuta más elevada es Vicente Bru Parra, hermano del ex conseller socialista, que ha facturado 1,8 millones En este mismo período la conselleria ya había acordado con la Abogacía de la Generalitat obtener asistencia jurídica por sólo 3.600 euros anuales.  LAURA BALLESTER valencia - Levante-EMV
La empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA) ha pagado dos millones de euros a siete despachos de abogados en seis años, desde 2006 hasta 2011, según admite la propia empresa en un documento interno suscrito por el responsable del departamento de gestión financiera, al que ha tenido acceso Levante-EMV. El Tribunal de de Cuentas investiga a esta empresa que depende de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por pagar 655.135 euros en sólo dos años a estas asesorías jurídicas privadas, sin mediar concurso público y «sin previa formalización contractual», según desveló la Sindicatura de Comptes en los informes de 2009 y 2010, y después denunció el sindicato CGT al órgano fiscalizador.

De todas las minutas pagadas, la más abultada es la del letrado Vicente Bru Parra, quien ha facturado 1.831.665,25 euros a Vaersa en seis años, por todo tipo de asesoramientos jurídicos, según admitió el abogado ayer en conversación telefónica con Levante-EMV. (Su versión sobre este asunto aparece en la pieza anexa a esta información).
El resto de minutas, mucho menos cuantiosas, corresponde a trabajos realizados para Vaersa por los bufetes Solo Abogados SLP (66.243,05 euros), Rocabert & Grau Abogados (34.196,28 euros), Blasco y Civera Abogados SLP (19.910,00 euros), Martínez Morales-Martínez Galvañ SL (18.560 euros), el penalista Javier Boix Reig (3.090 euros) -que también es abogado defensor de Francisco Camps, Carlos Fabra y Rafael Blasco, entre otros-, y, por último, Víctor Escrig Maroto (1.299,91 euros). Todas estas cantidades suman 1.974.964 euros que, supuestamente, se abonaron sin concurso previo y sin «previa formalización contractual», tal como denunciaba la Sindicatura de Comptes.

A esta cantidad cabe añadir que Vaersa también abonó a la Abogacía de la Generalitat durante estos seis años 22.964,14 euros por trabajos diversos. Se da la circunstancia que en febrero de 2006 la entonces denominada Conselleria de Territorio y Vivienda suscribió un convenio para que los letrados de la Generalitat prestaran los servicios de asistencia jurídica a Vaersa, a cambio de abonar 3.600 euros anuales. Como la cifra final pagada a la Abogacía de la Generalitat supera esta última cantidad multiplicada por seis años, se deduce que Vaersa duplicó el gasto en letrados al contar con los servicios de los abogados de la Generalitat, además de los prestaciones de los despachos jurídicos privados.

El Tribunal de Cuentas ha abierto un «procedimiento de reintegro por alcance por un posible descubierto producido en los fondos públicos, como consecuencia de irregularidades en la contratación de servicios de asesoría y defensa jurídica por parte de la empresa pública Vaersa», tras la denuncia presentada por la CGT en febrero de 2012. El sindicato exige al órgano fiscalizador que «determine si se ha podido originar responsabilidad contable» y que «se depuren responsabilidades además de devolver el dinero público saqueado».

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