dilluns, 30 de setembre de 2013


Seis cargos de Agricultura con plaza en otras administraciones son renovados, al contrario que la denunciante del fraude a la UE.
La ingeniero agrónomo que denunció un presunto fraude del Consell en la gestión de 128 millones de euros procedentes de la Unión Europea a través de los programas Ruralter ha tenido menos suerte laboral que algunos de los que, según ella misma hizo constar en la documentación entregada a Fiscalía, optaron por callar, hicieron caso omiso a la alarma que disparó o incluso firmaron los expedientes que ella se negó a rubricar. La empleada pública Paloma Coiduras acusó el pasado domingo, en declaraciones a Levante-EMV, a los responsables de Agricultura departamento adscrito ahora al vicepresidente José Císcar de represalias al negarle la comisión de servicios que le fue otorgada en 2009 cuando se trasladó desde la Junta de Andalucía, donde tiene plaza en propiedad. 

El sindicato CGT, PSPV, Compromís y EU apoyaron a Coiduras al advertir que el Consell le había pasado factura por «cumplir con su obligación de funcionaria y velar por el dinero público». «Sé que una comisión de servicios es provisional, que el puesto no es mío, pero pido que se me trate como a los demás», declaró, además de asegurar que su currículum y experiencia es mayor que la de algunos otros «que han mirado para otro lado» y han «ascendido» o se les ha renovado la comisión, dijo.
Documentación a la que ha tenido acceso este diario acredita que en Agricultura hay media docena de cargos o técnicos procedentes de otras administraciones que siguen en sus puestos con servicios especiales. El director territorial de Valencia, por ejemplo, tiene su puesto en la administración local de Canarias, mientras que el jefe de servicio puesto de libre designación en la actualidad de cooperativismo procede de Extremadura. Es, según la también denunciante, la persona a la que alertó en balde sobre presuntas ilegalidades en ayudas por 3,8 millones a una SAT para transformaciones agrarias en Huelva. 


Un tercer ejemplo de renovación del destino provisional es el del jefe de servicio de ordenación del sector pesquero, puesto ocupado por un funcionario de la administración local de Galicia. En el servicio de mejora y auxilios económicos trabaja un viejo conocido de Coiduras que, como ella, procede de la Junta de Andalucía. En otro caso, el empleado procede de Aragón. No siempre se trata de funcionarios con plaza en comisión de servicios trasladados de otras comunidades. La subdirectora de desarrollo rural, por ejemplo, tiene su puesto en la Diputación de Valencia.


 

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