dijous, 13 de setembre de 2012

NOVENA ENTREGA de la campaña: Vamos a destapar el saqueo

La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de la que depende la empresa pública VAERSA, anuncia un ERE que supondrá el despido de 350 trabajadores y trabajadoras.

La CGT denuncia el saqueo de dinero público producido en VAERSA, exige una auditoría de la deuda y del fraude cometido, y que los responsables devuelvan lo que han robado.

El pasado 24 de febrero la CGT presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra los gestores de la empresa pública VAERSA,  responsables del pago de casi 1.400.000 euros en concepto de productividad entre los años 2006 y 2009 que, según los informes de auditoría de las Cuentas Anuales de la Generalitat, se hizo sin que constara la preceptiva autorización del Consell, como exigen las leyes de Presupuestos de la Generalitat anualeS.

Pues bien, según el informe de auditoría correspondiente a la Cuenta Anual de la Generalitat de 2011:

En el 2010 se abonó 502.797 euros en concepto de productividad, sin que se emitiera informe favorable por dicha Dirección General (la de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda).


Por ello, la empresa auditora requirió a Vaersa para que presentara el Acuerdo del Consell relativo a la autorización del abono de la productividad correspondiente a 2010. A fecha de emisión de este informe (mayo de 2012) no se tiene constancia de que Vaersa haya cumplido con estos requerimientos.

Vaersa ha procedido al abono de retribuciones en concepto de productividad por importe de 44.525,63 euros durante el ejercicio 2011, sin que se haya obtenido informe favorable de la Dirección General de Presupuestos y autorización del Consell de las cuantías individualmente asignadas por tal concepto, lo que incumple lo dispuesto en el artículo 31.6 de la Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011.

Los gestores de VAERSA siguen pagando productividad a algunos de sus empleados, pasando olímpicamente del Consell, que debe autorizarlo, incumpliendo la Ley, según los informes de los auditores.

La cantidad pagada en concepto de productividad, sin la autorización del Consell, asciende a casi 2 millones de euros.


el personal funcionario y laboral de las Consellerias nunca ha percibido el complemento de productividad. Así maltrata el Consell del PP a su personal funcionario, y paga los servicios prestados al personal adepto de sus empresas públicas.

También os recordamos otra denuncia presentada por la CGT ante el Tribunal de Cuentas por la contratación a dedo de servicios jurídicos que costaron más 600.000 euros (ver aquí o aquí).

Y ahora que se prepara un ERE en VAERSA, ¿se concluye que la situación económica desastrosa de la empresa debe resolverse con el despido de trabajadores?

¿Ha tenido en cuenta la consultora que prepara el ERE la recuperación de lo pagado indebidamente por los gestores de VAERSA, para cuadrar las cuentas antes de despedir al personal?

La CGT, sin ser ninguna consultora de prestigio, sí que lo tiene en cuenta, y lo va a exigir ante los TRIBUNALES DE JUSTICIA. Por eso ha ampliado la denuncia ante el Tribunal de Cuentas, para que se exijan responsabilidades a los gestores que han incumplido sistemáticamente la Ley desde el año 2006, a sabiendas de las advertencias del incumplimiento realizadas por los sucesivos informes de auditoría encargados por la propia Conselleria de Hacienda.

Conviene recordarles a los gestores de VAERSA, a la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que es Presidenta del Consejo de Administración de VAERSA, al conseller de Hacienda y Administración Pública, y al Presidente de la Generalitat, lo que dice el CÓDIGO PENAL al respecto.

DELITO DE PREVARICACIÓN
Artículo 404.

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.



DELITO DE MALVERSACIÓN
Artículo 432.

1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.

2. Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. (…).


La CGT lo va a denunciar también ante la Fiscalía Anticorrupción, a ver qué opina del tema.

¡¡¡¡Trabajadores de lo PÚBLICO!!!!

¿vamos a seguir callados ante la corrupción y el saqueo de lo público?

Somos responsables ante la sociedad de la gestión de lo público y de los fondos públicos.

Es NUESTRA OPORTUNIDAD de demostrar a la sociedad que no somos como ellos dicen, somos necesarios si velamos por el cumplimiento de la LEY y del INTERÉS GENERAL, si no, sobramos. Eso es lo que quieren, que sobremos.

NO TE CALLES, DENUNCIA LA CORRUPCIÓN YA. Esas son nuestras armas, cumplir con nuestro deber.

Nosotros lo estamos haciendo y están nerviosos, porque VAMOS EN SERIO (ver resumen campaña destapemos el saqueo).

Destápalos, denúncialos, utiliza nuestro servicio de denuncia de la corrupción cgtleaks@cgtvalencia.org

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