dimecres, 23 de maig de 2012

SEXTA ENTREGA de la campaña: Vamos a destapar EL SAQUEO

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana admite a trámite el recurso judicial de la Confederación General del Trabajo (CGT-PV) contra los nombramientos en el Consell Jurídic Consultiu propuestos por PP y PSOE.

El TSJCV ha admitido a trámite el recurso que la Confederación General del Trabajo interpuso contra el nombramiento realizado por las Cortes Valencianas de Joan Ignasi Plá, del PSPV-PSOE, José Díez Cuquerella y Enrique Francisco Fliquete Lliso, ambos del PP, como miembros del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. El sindicato solicita la nulidad de los mismos por no cumplir los requisitos establecidos en la Ley. El acuerdo de la Presidencia de Les Corts sobre la designación se publicó con “agosticidad” y no sabemos si con alevosía el 1 de agosto de 2011 en el Boletín Oficial de las Cortes.

CGT basa su recurso en el incumplimiento de la Ley que regula el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, al establecer que el nombramiento se realizará entre profesionales y científicos que se hayan distinguido en el campo del Derecho con más de diez años de ejercicio profesional, o sean juristas de reconocido prestigio y con experiencia en asuntos de Estado o autonómicos, condiciones que no cumple ninguna de las tres personas elegidas.

Los partidos PP y PSOE (hoy por ti, mañana por mí) designan a políticos o personas vinculadas al partido para asumir una función técnica en un órgano de naturaleza consultiva o asesora de carácter jurídico, como es la de informar proyectos legislativos y reglamentarios que van a ser propuestos por sus propios partidos, por ello el sindicato entiende que esta vinculación política compromete la imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función consultiva del máximo órgano consultivo jurídico de la Comunidad Valenciana.

El sindicato recuerda un supuesto similar, el nombramiento del diputado del PP, José Mari Olano, como Abogado General de la Generalitat, que fue anulado mediante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano, confirmada por el Tribunal Supremo en una sentencia muy reciente, de 9 de mayo de este año, basándose en los mismos argumentos utilizados ahora para fundamentar el recurso contra el nombramiento efectuado a propuesta del PP y del PSOE. Este recurso fue interpuesto en su día por el sindicato UGT.

CGT alerta sobre la utilización de las instituciones públicas como refugio de políticos que se resisten a abandonar los cargos públicos y son recolocados en puestos privilegiados, atreviéndose incluso incumpliendo flagrantemente la legalidad, mientras imponen a los trabajadores recortes en sus salarios, y degradan los servicios públicos justificándose en una crisis provocada por su propia pasividad y con su participación necesaria.

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